Con el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2024, la política migratoria de Estados Unidos ha experimentado una transformación rápida y agresiva. En 2025, los inmigrantes enfrentan una aplicación más estricta de las leyes, nuevos requisitos obligatorios de registro y el restablecimiento de políticas que anteriormente habían sido consideradas inconstitucionales. Sin embargo, varios de los actos más polémicos de la administración ya han sido temporalmente bloqueados por tribunales federales. Aquí le explicamos lo que necesita saber y cómo puede protegerse usted y su familia.
En enero de 2025, la administración reimplementó los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), que obligan a ciertos solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesan sus casos en EE. UU. En abril, un juez federal emitió una orden judicial a nivel nacional que bloqueó la política, señalando que violaba el debido proceso y exponía a los migrantes a peligros innecesarios. Por ahora, el MPP está suspendido.
La administración también intentó cancelar el parole otorgado a inmigrantes que ya estaban en EE. UU. por razones humanitarias o de interés público. Sin embargo, en marzo un tribunal federal prohibió al DHS llevar a cabo esta cancelación masiva, al considerar que resultaría en detención ilegal y violaría los derechos de quienes han dependido del parole para vivir, trabajar y solicitar alivio migratorio en el país.
La administración Trump emitió una directiva para poner fin a la ciudadanía automática para hijos nacidos en EE. UU. de padres indocumentados. Esta iniciativa, ampliamente considerada inconstitucional bajo la Enmienda 14, fue bloqueada por un tribunal federal en abril de 2025. El tribunal determinó que el poder ejecutivo no puede redefinir derechos constitucionales sin la intervención del Congreso o una enmienda constitucional. La ciudadanía por nacimiento permanece vigente.
Un nuevo requisito de registro aplica a toda persona que haya ingresado ilegalmente a Estados Unidos después del 20 de enero de 2025. Estas personas deben registrarse con el DHS dentro de los 30 días de su entrada o enfrentan deportación expedita, descalificación de futuros beneficios migratorios y posible enjuiciamiento penal. Abogados de inmigración advierten que este registro puede implicar riesgos y debe hacerse únicamente con asesoría legal.
La administración ha suspendido los programas de parole para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, cerrando de manera abrupta una vía humanitaria utilizada por miles de personas para buscar protección o reunirse con sus familias.
En 2025, USCIS aumentó los requisitos de ingreso para patrocinadores en casos de residencia por vía familiar. La mayoría de los patrocinadores ahora deben ganar al menos el 125% de las Guías Federales de Pobreza (o el 100% si están en servicio militar activo), lo que representa un obstáculo adicional para familias trabajadoras.
Organizaciones de derechos de los inmigrantes han documentado casos en Nuevo México, Texas y Georgia donde ICE detuvo a personas sin informar de inmediato a sus abogados o familiares. Estas “detenciones silenciosas” están siendo objeto de revisión legal por posibles violaciones a los derechos civiles.
Varias ciudades de Florida, incluyendo Orlando, han firmado acuerdos 287(g), que permiten a la policía local actuar como agentes de inmigración. Esto ha aumentado el temor en comunidades inmigrantes, disminuyendo la disposición de las personas a denunciar delitos o cooperar con las autoridades.
La reapertura de centros de detención para familias marca otro retroceso en las protecciones previamente vigentes para niños migrantes. Grupos de derechos humanos han denunciado condiciones de hacinamiento e insuficiente atención médica en estas instalaciones.
El DHS ha implementado la recolección masiva de datos biométricos, incluyendo muestras de ADN, huellas digitales y reconocimiento facial de todos los inmigrantes detenidos. Grupos defensores de derechos civiles argumentan que esto crea una base de datos federal permanente y viola la privacidad de los migrantes.
En el clima actual, la información y la preparación son fundamentales:
En tiempos de creciente incertidumbre, contar con una representación legal competente puede marcar la diferencia.
En Symphorien-Saavedra Law, luchamos diariamente por los derechos de los inmigrantes. Nuestro fundador, el abogado Francisco “Frank” Symphorien-Saavedra, es Especialista Certificado en Derecho de Inmigración y Nacionalidad por el Colegio de Abogados de Florida, y está preparado para defender su caso, buscar soluciones legales y acompañarle en cada paso de su proceso migratorio.
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